”Desde hace algunos años hay crecientes razones en preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua catalana y las demás lenguas del Estado, una lenguas no oficiales, pero comunes de todos los ciudadanos que las hablan. Desde luego, no se trata de una tontería meramente cultural -nuestro idioma (el catalán) disfruta de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino, el inglés y el castellano- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en los Países catalanes, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación”.

“Son los ciudadanos los que tienen derechos lingüísticos, no los territorios y todavía menos las mismas lenguas. [...] Las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni de imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc., con menoscabo del catalán y las otras lenguas del Estado (y todavía menos se puede denominar a este atropello ‘imposición constitucional o estatal’)”.

“La lengua catalana/valenciana es común y oficial en todo el territorio de los Países catalanes, y es la única de la cual se puede suponer que comprenden a cualquier efecto todos los ciudadanos catalanes además del castellano”. “Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua catalana, sea cual sea su lengua materna y el lugar donde residan, sea en Madrid o en Salamanca. La lengua catalana debe figurar en los planes de estudio de todas las comunidades de España”.

“En la España monolingüe, cualquier ciudadano tiene derecho a ser atendido institucionalmente en cualquier lengua que se hable en el Estado español. Cosa que implica que en los centros oficiales habrá siempre personal que conozca todas las lenguas (incluido el Rey)”.

”La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc., en el Estado monolingüe es recomendable que sean en todas las lenguas del Estado, pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua española”.

El manifiesto lo firman los sosias de Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Álvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José María Ruiz Soroa y Fernando Savater.