El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado nuevamente una sentencia que obliga (¿Obliga? ¿Insta? ¿Recomienda? ¿Exige?) a la Generalitat Valenciana a aceptar la titulación de filología catalana por acreditar el conocimiento del valenciano en las oposiciones a los cuerpos docentes de primaria y secundaria. ¡¡Y van trece sentencias!!

La justicia ha vuelto a dar la razón, por enésima vez consecutiva, a las Universidades de València y de Alicante y, por extensión, a toda la romancística internacional. Pero cuando la lengua es un símbolo, una herramienta electoral, un instrumento político y no una ciencia, ¿qué importa el que digan los jueces y los especialistas si el poder se ejerce desde las sillas y pasillos de las Cortes?

Cada nueva mayoría absoluta significa un granito de arena más en la soberbia de nuestros gobernantes (PP).

Se sienten omnipotentes, capaces de pactar cualquier disparate con una oposición que ya le va bien esta situación, profundamente domesticada y sucursalista: la Tierra es plana porque sí, porque les da la gana, porque lo dice el Estatuto y nosotros somos los que lo escribimos y los que lo aprobamos.

Si quieres saber más:

http://www.racocatala.cat/articles/15745 

Si las sentencias judiciales no las cumplen los que tienen responsabilidades de gobierno, entonces, el tan cacareado Estado de Derecho es solo un engañabobos como tantas otras cosas de esta democracia de ñigui-ñogui.  

Un dato vergonzoso: Según el informe del Instituto Fraser del 2006, la independencia judicial española es la número 53 del mundo (igual que Malí), y por debajo de Botswana, Chile, India, Tailandia y Jordania. Ya lo veis, siempre seremos un país de caciques y curas.

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